El caso del personal del Metro de Madrid afectado por su exposición al amianto ha puesto de manifiesto la negligencia de la compañía para proteger la salud laboral de sus empleados. Aunque Metro de Madrid conocía de la existencia del amianto en sus equipos e instalaciones desde 2003, según la Fiscalía, su «ocultación del riesgo a los trabajadores supuso una desprotección absoluta y un desprecio intolerable a su seguridad». Desde entonces, 13 personas trabajadoras de la empresa han fallecido y a 7 se les ha reconocido una enfermedad por exposición al amianto.
También recientemente un trabajador de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid falleció por un golpe de calor mientras trabajaba, sin que se hubieran aplicado las medidas necesarias para la protección frente al calor. En todo el año 2021, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la Comunidad de Madrid 70 personas fallecieron por accidente en el lugar de trabajo y 10 más por accidente in itinere, mientras que 328 sufrieron accidentes graves y 106 más tuvieron lesiones graves por accidentes in itinere.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo estiman que cada año mueren en el mundo casi 2 millones de personas por causas relacionadas con el trabajo. Señalan hasta 19 factores de riesgo ocupacional, entre los cuales están «la exposición a largas jornadas laborales y la exposición en el lugar de trabajo a la contaminación del aire, a asmágenos, a sustancias carcinógenas, a riesgos ergonómicos y al ruido».
Las enfermedades profesionales apenas se declaran como tales por múltiples motivos: es difícil atribuir enfermedades comunes con múltiples causas, como el infarto de miocardio, a un riesgo ocupacional, como, por ejemplo, largas jornadas de trabajo; los profesionales sanitarios no suelen estar formados para reconocer las enfermedades laborales; la legislación que reconoce las enfermedades profesionales es muy restrictiva, y, sobre todo, las mutuas de accidentes, que son las que indemnizan la siniestralidad laboral, tratan de pasar las enfermedades laborales como comunes.
En 2021 solo se declararon 51 casos de cáncer como enfermedad profesional en toda España. Pese a que las enfermedades relacionadas con el amianto (o asbesto) están consideradas como enfermedades profesionales en España desde 1978, y se estima que aparecen unos 800 cánceres de origen profesional atribuidos al amianto por año, solo 25 de ellos fueron declarados como enfermedad profesional. Algunos estudios estiman que entre el 2% y el 8% de todos los cánceres son de origen laboral, lo que supondría unas cifras en España anuales entre 5500 y 22 100 casos. La declaración de problemas relacionados con la salud mental es también prácticamente inexistente —solo 32 notificaciones en 2021 en toda España—, pese a que es sabido que las condiciones de trabajo son una causa importante de ellos.
La declaración de las enfermedades profesionales es muy desigual en las distintas comunidades autónomas. En 2021, por cada 100 000 trabajadores, Navarra notificó 448,4 casos, la comunidad que más, pero Madrid, la comunidad con una tasa de notificaciones más baja, notificó 29,0 casos, más de 15 veces menos. En aquellas comunidades en donde se han puesto en marcha políticas para que los profesionales de sanidad detecten el origen profesional de las enfermedades, como Murcia y la Comunidad Valenciana, la notificación se ha multiplicado por más de 4 veces entre 2012 y 2021.
En suma, sabemos que las condiciones de trabajo pueden enfermar y matar a muchas personas, que en realidad son enfermedades y muertes evitables si se tomaran las medidas apropiadas. Es cierto que desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la aplicación de algunas políticas activas en materia de seguridad y salud en el trabajo por las Administraciones Públicas se ha reducido algo la siniestralidad en el lugar de trabajo, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Hace falta aplicar medidas para aumentar la declaración de las enfermedades profesionales, sin la cual no se podrán poner en marcha las políticas necesarias para prevenirlas ni tampoco se podrá compensar a las personas afectadas por las lesiones y secuelas ocasionadas. Hay que prestar una atención especial a enfermedades profesionales prácticamente desatendidas, como el cáncer laboral, en particular el producido por el amianto, y los problemas de salud mental.
Se tiene que aplicar la normativa sobre la prevención de los riesgos laborales y monitorizar su seguimiento y control en todos los lugares de trabajo, con el concurso de todas las partes implicadas: quienes trabajan, quienes dirigen las empresas y la Administración Pública.
La salud pública también significa proteger la salud de las personas en el ámbito de su desempeño laboral. No debemos consentir que la negligencia y el desprecio que hemos visto por la salud de quienes trabajan en el Metro de Madrid se repitan.
Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP), @amasap, 9 agosto 2022
El amianto y la salud laboral