SESPAS considera que la disminución en la frecuencia e intensidad de los conflictos armados no es sólo una meta declarada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, sino también un tema transversal para el bienestar y progreso humano. Los conflictos y la violencia se han materializado en pérdidas humanas, pero también en el daño de sistemas de salud, en limitación del acceso a los servicios sanitarios y en el resurgimiento de enfermedades infecciosas. Desde esta óptica, la paz se constituye en un determinante estructural clave de la salud; enfoque avalado por la OMS en los marcos contextuales de los determinantes de la salud. Con este convencimiento, como
salubristas, denunciamos las injusticias de las guerras y conflictos armados; los conflictos en Ucrania, República Democrática del Congo, la guerra civil sudanesa y la guerra entre Israel y Hamás destacan en 2023 y son un ejemplo del impacto en la salud pública de esas
poblaciones.

La utilización como arma de guerra de medidas que atentan directamente contra la salubridad en un territorio es especialmente grave y supone una vulneración de los derechos humanos de las personas que habiten en ese lugar. Y este es el caso de la franja de Gaza. Privar a una población de 2,26 millones de personas de agua, electricidad y limitar al máximo el acceso de suministros son actuaciones que conducirán de manera inevitable a una catástrofe epidémica y, por ese motivo, estamos preparando un documento que, con rigor científico, detalle y explique las consecuencias de estas actuaciones. Mientras tanto, en nuestra concepción de la salud como un bien público que debe ser defendido a escala mundial, lo extraordinario de la situación nos obliga a manifestarnos.

La Unión Europea ha emitido un comunicado (15-10-2023) donde expresa, por una parte, el derecho de Israel a defenderse y, por otra, la importancia de garantizar la protección de todos los civiles, así como la de prestar ayuda humanitaria y urgente a Gaza.

Desde SESPAS manifestamos nuestra preocupación y necesidad de que este comunicado se concrete en medidas urgentes y específicas para que no queden vacías de contenido. La respuesta de Israel al brutal e inaceptable ataque de Hamás mediante el bloqueo de los servicios esenciales a la población general, y la admonición a la evacuación del territorio bajo la amenaza de una invasión militar, incumple los mínimos valores éticos que un Estado debe respetar, y es ya un enorme problema de salud pública para la población palestina — particularmente para las personas más vulnerables, como la población infantil, embarazadas y personas ancianas– que puede agravarse todavía más, hasta extremos espeluznantes, al margen de los ya miles de fallecidos por los bombardeos y otras acciones militares.

Es necesario destacar que:

  • La situación de los servicios básicos previa a la guerra en la Franja era ya débil, con problemas, por ejemplo, de acceso al agua potable debido al agotamiento y contaminación de los acuíferos naturales y de una red asistencial muy saturada.
  • A más vulnerabilidad, más riesgo. La mayoría de la población es menor de edad, siendo por ello más vulnerables a todas las carencias y agresiones, tanto físicas como mentales, al igual que las personas ancianas y las mujeres embarazadas. Por otra parte, existen evidencias de que las mujeres muestran un mayor sufrimiento y estrés postraumático en todos los conflictos bélicos.
  • No existe posibilidad de evacuación a zonas seguras debido a que la población está cercada, tanto por Israel como por Egipto.
  • La escasez de agua y de energía, de no remediarse, en una zona de alta densidad de población (5.000-10.000 hab./km2) como la Franja, afectará no solo a la bebida necesaria, sino también al saneamiento y depuración de las aguas. La OMS y la UNRWA han denunciado esta situación crítica y actualmente la disponibilidad de agua por habitante es del 3% de la recomendación diaria. Ello conducirá inevitablemente a corto plazo a la deshidratación y a la aparición de enfermedades de transmisión oral-fecal, como la disentería, entre otras, con un alto ratio de propagación.
  • La red de asistencia sanitaria se encuentra falta de luz, de personal y suministros de material médico y medicamentos para atender a las personas heridas  combatir epidemias. Por tanto, la propagación de las enfermedades infecciosas no tendría posibilidad de controlarse a corto plazo.

Por todo ello, la declaración de la Unión Europea de garantizar la protección de todos los civiles implica de forma irrenunciable acciones encaminadas a mantener el suministro de agua potable, de energía para los servicios esenciales y de enseres básicos de nutrición, salud e higiene. Como hemos señalado, estas prestaciones y su bloqueo no deben usarse como arma de guerra ni pueden someterse a vaivenes políticos o tácticos de ninguna de las partes implicadas. Por otra parte, dado el irreparable daño a la población civil de ambas partes, desde SESPAS instamos a las autoridades españolas y europeas a que influyan en las Naciones Unidas y en el resto de actores de la política internacional para que contribuyan al cese de las hostilidades y al respeto de las convenciones de Ginebra y el derecho internacional de los no combatientes. Asimismo, consideramos que una declaración de emergencia de salud pública por la OMS podría contribuir a evidenciar la dimensión de la gravedad epidémica en ciernes y aunar voluntades en su resolución.

Este posicionamiento está respaldado por las siguientes sociedades de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria: AEC, AMaSaP, REAP, SASPASHIPATIA, SCSP, SEE, SESA