La negación de los perjuicios para la salud de la contaminación atmosférica expresada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a un medio de comunicación, el primer día de 2020 nos ha causado perplejidad y estupor. Esas afirmaciones son manifiestamente contrarias al consenso científico alcanzado en los últimos veinte años.

La Organización Mundial de la Salud declaró hace un año que la contaminación atmosférica constituye el mayor riesgo ambiental para la salud en todo el mundo. Nueve de cada diez personas respiran aire contaminado. Los contaminantes atmosféricos, aunque no sean visibles a simple vista, pueden penetrar en los sistemas respiratorio y circulatorio, lesionar los pulmones, el corazón y el cerebro y ocasionar o agravar enfermedades como el cáncer de pulmón, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cardiopatía isquémica, el ictus o la demencia. La Organización Mundial de la Salud calcula que todos los años fallecen en el mundo prematuramente en torno a siete millones de personas como consecuencia de la mala calidad del aire que respiran.

La Agencia Europea de Medio Ambiente, en el año 2016, estimó un total de 33 300 muertes prematuras debidas a la contaminación atmosférica en España: 24 100 debidas a las partículas de materia, 7700 debidas a los óxidos de nitrógeno y 1500 debidas al ozono troposférico. Esto significa que una de cada 12 muertes se atribuyó a la contaminación atmosférica, casi 20 veces más que las ocasionadas por accidentes de tráfico. El total de años de vida perdidos —por muertes prematuras— fue de 244 000 por las partículas de materia, 77 800 por los óxidos de nitrógeno y 16 300 por el ozono troposférico.

Además, la quema de combustibles fósiles, la principal causa de contaminación atmosférica, también constituye una causa fundamental del cambio climático, con efectos nocivos para la salud —por olas de calor más frecuentes e intensas y fenómenos meteorológicos más violentos— que tenderán a agravarse en el futuro.

Basándose en el consenso científico, las autoridades de la Unión Europea han tomado medidas para mejorar la calidad del aire que son de obligado cumplimiento para España, también para Madrid, que con la ciudad Barcelona tiene la peor calidad del aire del país. La Comunidad de Madrid no puede eludir su responsabilidad ni sus obligaciones.

Es lamentable que la persona con mayor responsabilidad institucional en la Comunidad de Madrid desprecie la actividad de los científicos al negar los efectos de la contaminación suficientemente probados. Que los políticos con cargos institucionales defiendan las tesis negacionistas de los efectos en salud de la contaminación, ahondando en el negacionismo del cambio climático y sus consecuencias, contribuye a promover en la población ideas anticientíficas, que impiden resolver los problemas que afrontamos.

Las autoridades políticas no deben negar la realidad ni minimizar los problemas de salud pública a los que se enfrenta la población. Hacer lo contrario es irresponsable, pues impide tomar las medidas necesarias para afrontar los efectos de la contaminación, que en gran parte necesitan del concurso y la participación de la población: promover el transporte público, reducir drásticamente el tráfico privado y fomentar el transporte activo (caminar, uso de la bicicleta), medidas planteadas recientemente por AMaSaP en sus Diez propuestas de salud pública para la Comunidad de Madrid.     Estas medidas, además, contribuirán a mitigar y reducir el cambio climático, que es la mayor emergencia a la que se enfrenta la población.

Desde AMaSaP pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que rectifique, reconozca la urgencia de salud pública que representa la contaminación atmosférica y se comprometa, con las autoridades de salud pública a la cabeza (en concreto, el consejero de Sanidad y la directora general de Salud Pública), a poner en marcha todas las medidas que sean necesarias para limpiar el aire que respiramos los madrileños.