En fecha reciente, el gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante el Decreto 22/2008 de 2 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, decidió suprimir de dicha estructura la Dirección General de Salud Pública y extinguir el Instituto de Salud Pública. Las competencias de tales organismos fueron disgregadas y repartidas entre la Dirección General de Ordenación e Inspección y la Dirección General de Atención Primaria, dependientes de dos Viceconsejerías distintas.
Para quien tenga dudas al respecto, la Salud Pública, que no debe confundirse con la sanidad pública, ha sido definida, entre otras muchas formas, como la “acción colectiva para la mejora permanente de la salud de la población”. Su objetivo es por tanto la salud de los colectivos humanos, no de los individuos aisladamente. Constituye un conjunto de disciplinas científicas y conocimientos técnicos específicos que se ocupan básicamente de conocer, vigilar, prevenir y controlar la aparición y desarrollo de epidemias o formas colectivas de enfermar, como pueden ser el SIDA, la obesidad, el cáncer, la gripe aviar o las intoxicaciones masivas como el tristemente célebre entre nosotros síndrome del aceite tóxico.
Se ocupa así en concreto de la seguridad del agua y alimentos que consumimos, las vacunas que necesitamos, lo saludable o no de nuestros hábitos de vida (tabaco, alcohol, ejercicio físico, dieta, hábitos higiénicos…) y del medio ambiente, la salud en el trabajo, las desigualdades en salud entre ricos y pobres…, y se ocupa también de que las personas tengan a su alcance la información disponible que les permita ser lo más autónomos posible para proteger y mejorar su estado de salud en una sociedad siempre cambiante.
Como ya en su momento manifestaron los trabajadores y trabajadoras de Salud Pública, a través de un comunicado, que ha recibido hasta el momento 4600 firmas de apoyo de profesionales sanitarios y de ciudadanos y ciudadanas en general, esa decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid constituye un grave error y una importante amenaza para los servicios de Salud Pública que la administración autonómica, de acuerdo a sus competencias, tiene la obligación de ofrecer a la población madrileña, cuya salud sin duda saldrá perjudicada con ello.
Salvo la Comunidad de Extremadura, no existe ninguna otra Comunidad Autónoma en nuestro país que no cuente con una Dirección General de Salud Pública u organismo similar que integre todas las funciones de Salud Pública. Recientemente, la Comunidad de Andalucía ha elevado al rango de Secretaria General al organismo encargado de asumir las competencias de Salud Pública, manifestando con ello la relevancia que el gobierno andaluz otorga a tal campo del saber científico y profesional y a tales competencias en el conjunto del sistema sanitario. Como evidenció asimismo el gobierno valenciano en 2005 al promulgar la Ley de Salud Pública de la Comunidad Valenciana, ejemplo claro de su preocupación por mejorar las estructuras de gestión de Salud Pública, adaptándolas a los nuevos retos que nuestra sociedad plantea.
El informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria correspondiente a 2008, recoge, en relación con la Salud Pública, la necesidad, desde hace tiempo puesta de manifiesto, de realizar un replanteamiento de sus funciones, estrategias y organización en nuestro país, con el fin de adecuarla a la realidad actual y dotarla
del liderazgo que siempre ha carecido.
La nueva Estrategia Sanitaria de la Unión Europea para el periodo 2008-2013 requiere, para alcanzar el primero de sus tres objetivos (“Promover la buena salud en una Europa que envejece”), “mayor capacidad en Salud Pública, por ejemplo incrementando la formación y las estructuras de Salud Pública”. Y como acción fundamental para alcanzar el segundo objetivo (“Proteger a los ciudadanos de las amenazas a la salud”), propone “reforzar los mecanismos de vigilancia y respuesta a las amenazas a la salud, incluyendo la revisión de las atribuciones encomendadas al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades”.
La Organización Mundial de la Salud, en su Informe Anual sobre la Salud en el Mundo de 2007 (“Un porvenir más seguro: protección de la salud pública mundial en el siglo XXI”), establece entre sus recomendaciones finales la necesidad de un “aumento de los recursos mundiales y nacionales destinados a la formación de personal de Salud Pública, la mejora de la vigilancia, el desarrollo y fortalecimiento de los medios de laboratorio, el apoyo a las redes de respuesta, y la continuidad y la progresión de las campañas de prevención.”
Mientras desde todos los ámbitos, regionales, nacionales e internacionales, científicos y políticos, se pone de relieve la importancia creciente de la Salud Pública y se demanda un mayor esfuerzo inversor en estructuras y formación, para atender a los nuevos retos sanitarios de nuestra sociedad global, el gobierno de la Comunidad de Madrid, inexplicablemente, decide disminuir tal inversión y disolver la estructura existente, disgregando sus recursos y debilitándolos consecuentemente.
Desde que en 1984 se realizaron las transferencias en materia de Salud Pública a la Comunidad de Madrid, la estructura organizativa que asumió esas competencias no ha cesado de crecer y consolidarse hasta hace algunos
años. La creación en 1991 de la Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud, con el desarrollo posterior de la organización territorial en las Áreas de Salud, supuso un fuerte impulso organizativo y funcional para la Salud Pública madrileña, que pasó en poco tiempo a constituirse en una organización modélica dentro y fuera de España. En 1999 esta estructura paso a denominarse Dirección General de Salud Pública. Fue esa la organización que en 1996 atajó con gran profesionalidad el mayor brote de legionelosis ocurrido hasta entonces en el mundo, y que gestionó eficazmente las crisis sanitarias de la epidemia de meningitis, las dioxinas en la carne de pollos belgas, o el mal de las vacas locas.
Si bien la creación en 2001 del Instituto de Salud Pública fue una medida organizativa criticada mayoritariamente por los profesionales afectados, que vieron confirmados sus temores poco tiempo después, tal medida entrañaba una apuesta por un nuevo modelo de gestión, y por lo tanto se hallaba en línea con el desarrollo progresivo que la estructura de Salud Pública de la Comunidad de Madrid venía manifestando desde su creación.
Sin embargo, el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003, primer gobierno presidido por Esperanza Aguirre, trajo un frenazo importante para las aspiraciones de la Salud Pública madrileña: la decapitación del Instituto de Salud Pública, subsumido como un engendro en la Dirección General de Salud Pública, y el nombramiento de un equipo directivo que llevó a la deriva a la organización durante cuatro años. Visto retrospectivamente, ello constituía el preludio de la demolición actual. Todo el esfuerzo de numerosos profesionales, con sus equipos directivos correspondientes, en definitiva el esfuerzo de la Administración de la Comunidad de Madrid, que la ciudadanía sustenta al fin y al cabo, durante 20 años de trabajo, ha sido ignorado y menospreciado en los últimos años y echado a perder, de manera ofensiva para cualquiera que sienta algún compromiso con la Salud Pública, con la medida ahora adoptada.
Desde la misma aparición de los Decretos 22/2008 y 23/2008, en los que las competencias de la extinta Dirección General de Salud Pública se repartían entre otros organismos sin claridad ni criterio, se ha podido ver que no estamos ante un cambio de modelo, sino ante la eliminación de uno anterior sin recambio previsto. Las dudas, improvisaciones y rectificaciones que los directivos responsables de gestionar la operación de derribo han venido mostrando en estos tres meses, a medida que han ido conociendo el entramado de funciones que la estructura anterior soportaba, imposible de recomponer o remodelar en el nuevo marco organizativo, sin asumir ineficiencias y un déficit importante de calidad, confirman la falta de perspectiva futura en Salud Pública por parte de este gobierno.
Ejemplo palmario de esta falta de visión futura es la tendencia a la separación de los profesionales, dentro del nuevo esquema organizativo, según su titulación. Cuando todas las voces autorizadas fuera y dentro de nuestro país vienen reivindicando desde hace tiempo la multidisciplinaridad e intersectorialidad como señas de identidad de la Salud Pública, más aún en nuestra época de sociedad global, la compartimentación de profesionales de la medicina y enfermería, farmacia y veterinaria, entre otros profesionales fundamentalmente, en departamentos diferentes con competencias distintas, resulta completamente anacrónica y sólo pude explicarse desde una voluntad ajena a los intereses de la Salud
Pública.
Los argumentos que se han esgrimido para justificar esta decisión por parte de la Consejería de Sanidad y Consumo, la consecución de una actividad inspectora (sea o no de Salud Pública) más coordinada y la integración de actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud con Atención Primaria, resultan tan irrelevantes para justificar una decisión de esta envergadura, que no merecen comentarse.
De manera que, puesto que esta decisión difícilmente puede entenderse como una decisión de política sanitaria, al carecer de cualquier justificación técnica, sino como una decisión política a secas, no vamos a valorar sus posibles motivaciones; no porque no nos hagamos una idea de las mismas, que sí que nos imaginamos, sino porque entendemos que ello es tarea de los agentes políticos, partidos y ciudadanía en su conjunto, de quien esperamos su pronunciamiento. No podemos sin embargo dejar de señalar, por su evidencia y por su trascendencia social, la relación existente entre la decisión de que hablamos y otras decisiones más o menos recientes relativas a los servicios públicos de sanidad y educación, tendentes en su conjunto al debilitamiento del sector público y el fortalecimiento del privado; medidas que en ocasiones han supuesto también la desaparición de estructuras organizativas, como ha ocurrido en la Consejería de Educación con el desmantelamiento de los Centros de Atención al Profesorado y de los Equipos de Orientación Psicopedagógica.
A buen seguro que esta errónea y tan trascendente decisión será revisada en un futuro no lejano. La razón de los hechos se impondrá a esta sinrazón. Sea cual sea el modelo que se adopte, las competencias en Salud Pública y sus estructuras organizativas volverán a reunirse y a ocupar un lugar más destacado entre las prioridades de nuestros
gobernantes. Del tiempo que tarde en repararse esta enorme equivocación dependerá el mayor o menor daño a la salud de los madrileños y las madrileñas; de ese tiempo dependerá la probabilidad de que nos hallemos mejor o peor preparados ante cualquier amenaza abrupta y global a la salud de los ciudadanos, cada vez más propias de nuestra sociedad actual, ya se llame gripe aviar, bioterrorismo, ola de calor o cualquier otra nueva enfermedad infecciosa emergente o intoxicación alimentaria o ambiental masiva.
Por todo ello, y desde nuestra dilatada experiencia como profesionales comprometidos con la salud colectiva, encarecemos al Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, D. Juan José Güemes, y a nuestra presidenta regional, Dª Esperanza Aguirre, que revisen urgentemente en su esquema de prioridades la potencialidad de una estructura sólida de Salud Pública para mejorar la salud de los y las madrileñas, y reconsideren en consecuencia su decisión, una decisión de graves consecuencias, se hagan estas evidentes o no a corto plazo.