Madrid, a 7 de mayo de 2020
El pasado 16 de marzo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció, en plena pandemia de la COVID-19, su decisión de organizar un dispositivo para que los 11 500 alumnos, que tenían precio reducido de comedor por recibir la renta mínima de inserción, pudieran recoger su comida en los locales de Telepizza, a los que se sumó después Rodilla y más tarde Viena Capellanes. Esta decisión fue polémica porque no se contó con las cooperativas y empresas de los comedores escolares, cuyos contratos adjudicados por concurso público fueron invalidados, y por la baja calidad nutricional de los menús de las citadas empresas. Las protestas de las cooperativas y de las empresas perjudicadas, de las asociaciones de padres y madres y de numerosos nutricionistas y profesionales de salud pública cayeron en saco roto y la presidenta de la Comunidad de Madrid siguió adelante con su plan, después de que el Ministerio de Sanidad, tras desautorizarlo inicialmente, en un giro incomprensible, le diera su beneplácito. La Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, basándose en un informe sobre la calidad nutricional de los menús elaborado por un grupo de dietistas-nutricionistas, puso una demanda administrativa contra la Consejería de Educación de Madrid y envió una queja al Defensor del Pueblo, que recibió otra por el mismo motivo del grupo parlamentario Más Madrid. Y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pidió que la Consejería de Educación justificara si el proyecto era saludable y equilibrado como condición para financiarlo con un fondo extraordinario aprobado por el Gobierno el 12 de marzo contra la pobreza infantil.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, en sus recientes declaraciones en sede parlamentaria en relación con este tema, mostró una total falta de empatía y respeto hacia las personas más vulnerables de la sociedad. La misma persona que hace unas semanas declaraba que la salud pública está por encima de todo, frivolizó con cinismo sobre un asunto de máxima importancia para la salud pública, como es el derecho a una alimentación saludable de una población doblemente vulnerable, por ser menores y por carecer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
La concesión a Telepizza y a otras empresas de esos menús infantiles constituye un atentado contra la salud pública por las siguientes razones:
- Los menús, basados en productos procesados y pobres en alimentos frescos, como legumbres, pescado, frutas o verduras, tienen una calidad nutricional pésima, totalmente contraria a las recomendaciones de los expertos: hipercalóricos y con un contenido excesivo en sal, grasas saturadas y azúcares añadidos.
- Este tipo de alimentación aumenta el riesgo de obesidad, asociada con problemas psicosociales y baja autoestima de los menores y con múltiples enfermedades en la vida adulta, que reducen la esperanza de vida entre tres y diez años.
- La población que recibe estos menús es la más afectada por los problemas de salud relacionados con la alimentación no saludable, que presentan un fuerte gradiente socioeconómico.
- Los niños son especialmente vulnerables a este tipo de alimentación porque es en la infancia cuando se adquieren los hábitos alimentarios, que son muy difíciles de modificar en la vida adulta.
- En muchos casos, estas poblaciones vulnerables se han visto en la necesidad de desplazarse en transporte público para recoger sus menús durante un período de transmisión comunitaria de la COVID-19.
Proporcionar un menú de este tipo de forma continuada, durante un período de varios meses, menoscaba el derecho de los menores al libre desarrollo de la personalidad y a la protección de la salud. Afirmar que la salud pública está por encima de todo y acto seguido cometer un atentado contrario a la salud pública demuestra, como mínimo, una pasmosa falta de coherencia y de la responsabilidad institucional exigible a la persona que ostenta la presidencia de un gobierno. La rápida respuesta dada por la presidenta de la Comunidad de Madrid a los hermanos Gasol, en una carta de dos folios, el mismo día que su fundación emitió un comunicado cargando contra la Comunidad de Madrid por la mala calidad nutricional de los menús infantiles de Telepizza y Rodilla, contrasta con el desdén mostrado a los padres y madres, las cooperativas y empresas de los comedores escolares y los profesionales de la nutrición y la salud pública. Y dado el carácter mediático de los hermanos Gasol, esta carta muestra, a las claras, que a la presidenta de la Comunidad de Madrid le importa más su imagen que la salud de los niños en situación de vulnerabilidad.
Los argumentos de la presidenta de la Comunidad de Madrid apelando a la urgencia de la situación y afirmando que era eso o nada son un insulto a la inteligencia humana, que muestran su más absoluta falta de respeto hacia la ciudadanía de la Comunidad de Madrid. No, señora Ayuso, no era eso o nada, era eso o una alimentación saludable, basada en productos de cercanía y contando con el tejido empresarial y cooperativo local. Hay ejemplos sobrados de ello: los ayuntamientos de Leganés, Getafe, Móstoles, Rivas o Loeches han apostado por lo saludable, contando con las empresas de catering que se encargan habitualmente de hacer la comida de los colegios de esos municipios de Madrid, y Alcalá de Henares ha seguido el ejemplo de la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Cataluña o Galicia, que han optado por una ayuda económica para que las familias puedan adquirir alimentos; mientras que otras Comunidades Autónomas han optado por las ayudas en especie.
La pregunta es por qué, ¿por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid eligió entre varias alternativas la peor?, ¿por qué la defendió con uñas y dientes contra el criterio de los expertos?, ¿por qué siguió en sus trece durante dos meses? Nos tememos que la respuesta es simple, parafraseando a Quevedo: poderoso caballero es don dinero. Los conflictos de intereses son viejos conocidos en la elaboración de las políticas alimentarias en España, con la estrategia NAOS a la cabeza, lo llevamos denunciado hace tiempo. Sorprenderá aún menos la cerrazón de la presidenta si consideramos que la Fundación Española de Nutrición, encargada de asesorar a la Comunidad de Madrid, está financiada, entre otros, por Telepizza y Coca-Cola (no olvidemos que los menús también incorporaban este refresco con frecuencia), como lo están, por cierto, muchas de las sociedades científicas españolas de nutrición y pediatría, cuyo silencio en este asunto, con la honrosa excepción del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, resulta clamoroso. Por el contrario, las sociedades de salud pública no aceptamos dinero de las industrias de la alimentación y bebidas, nuestro esfuerzo nos cuesta, porque hemos renunciado a suculentas ofertas económicas, un dinero que nos vendría muy bien para nuestros fines, ya que somos sociedades pequeñas, financiadas casi exclusivamente con las cuotas de los socios. Pero es el precio de la independencia y la libertad para decir lo que pensamos y defender la salud pública frente a intereses privados que no hacen ascos al beneficio económico a costa de la salud de los más vulnerables.
Por todo lo expuesto, desde la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) lamentamos el acuerdo de la Comunidad de Madrid con Telepizza y Rodilla, aplaudimos la rectificación hecha pública hoy en los medios y le exigimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que cumpla con sus palabras y ponga la salud pública por encima de todo en los menús infantiles.
Atentado contra la salud pública de la presidenta de la Comunidad de Madrid v05